El desencuentro: el discurso y la realidad

La unidad es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las luchas y reivindicaciones del pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero en Colombia. En este contexto, el avance hacia el segundo Congreso Nacional Constituyente del pueblo Afrocolombiano representa una oportunidad clave para consolidar agendas comunes, fortalecer el liderazgo de nuestros pueblos y exigir el cumplimiento de los mandatos populares y compromisos gubernamentales incumplidos.

Por: Jefferson Montaño Palacio

En la última reunión sobre la agenda institucional y social afro desarrollada en Cali, en el marco de la COP16, surgieron varios cuestionamientos por parte de académicos, dirigentes sociales y políticos sobre el balance del gobierno del cambio en los territorios; en su columna de opinión de La Revista Raya, el maestro y Babalawo Jimmy Viera Rivera, encendió el debate nacional, en donde emergieron preocupaciones que revelan las incongruencias entre el discurso del gobierno y sus acciones concretas. Es imprescindible analizar críticamente estos puntos, los cuales evidencian sus acciones concretas mediante brechas entre las promesas de campaña y la realidad política que enfrentan los pueblos afrodescendientes en Colombia.

Uno de los principales señalamientos es el desencuentro entre la agenda institucional del gobierno y las necesidades urgentes del pueblo afro en los territorios. A pesar de los compromisos adquiridos en campaña, el gobierno no ha cumplido con la implementación efectiva de sus programas, lo que deja en evidencia una falta de voluntad o capacidad para ejecutar lo prometido. Este incumplimiento no solo mina la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa la exclusión histórica de estos pueblos.

¿Cómo pueden articularse las diversas agendas territoriales para fortalecer una visión conjunta en el Congreso Nacional Constituyente Afro? ¿Cuáles son los principales desafíos para consolidar la unidad del pueblo afrocolombiano? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos en los procesos anteriores y cómo pueden agruparse para avanzar con mayor cohesión? ¿Qué papel juegan las organizaciones de base afro en la definición de una agenda unificada? ¿Cuáles son los mecanismos efectivos para garantizar que las decisiones del Congreso Nacional Constituyente Afro sean implementadas por el Gobierno? ¿Cómo se puede lograr una participación efectiva y equitativa de todas las regiones y sectores del pueblo afrocolombiano en este espacio? 

Por otra parte, la falta de coherencia e individualismo gubernamental hace evidente la contradicción entre el llamado a la “Paz Total” y la decisión de mantener la licencia ambiental que convierte a la isla Gorgona en una base militar de los yanquis. Este hecho no solo representa una amenaza para el equilibrio ecológico del lugar, sino que también expone la subordinación del país a intereses extranjeros, en detrimento de la soberanía nacional y la voluntad de los pueblos afro, siendo estos más afectados. Asimismo, la directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras del Ministerio del Interior, Amelia Roció Cortés Cortés, hizo un llamado a través de documento público radicado con 13 puntos, al presidente Gustavo Petro, en el que denuncia la grave crisis y el incumplimiento en la gestión del viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, Héctor Gabriel Rendon. La paz no puede lograrse con imposiciones ni a través de decisiones que ignoran las demandas sociales y ambientales de las ciudadanías.

El retraso en la ejecución presupuestal de lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo (DNP) y en los acuerdos alcanzados tras los paros cívicos en Buenaventura, Chocó y Tumaco representa una nueva señal de alarma. En Tumaco, los pueblos étnicos y raizales enfrentan un desplazamiento progresivo debido al avance del comercio liderado por inversionistas foráneos (paisas), el narcotráfico y la falta de oportunidades laborales, económicas y sociales. En Chocó, las demandas sociales siguen sin respuestas, mientras la violencia perpetrada por bandas criminales y grupos armados continúa asediando tanto las zonas urbanas como rurales. Por su parte, Buenaventura enfrenta una crisis persistente en materia de derechos humanos y civiles, agravada por el despojo de tierras a través de compras indirectas impulsadas por intereses extranjeros (los yanquis).

Sin una inversión oportuna y eficaz, las iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida en los territorios afrodescendientes seguirán siendo meras declaraciones sin un impacto real. La política pública no puede limitarse a un escándalo de promesas incumplidas, pues esto solo profundiza la desconfianza y la desesperanza en los pueblos afrodescendientes más vulnerados del Estado-nación. ¡Sin citar otras realidades que padecen hermanas y hermanos, en San Andrés Islas y Santa Catalina y San Basilio de Palenque en el Caribe!

De hecho, persiste la violencia en los territorios afrodescendientes, lo que demuestra que el gobierno no ha logrado traducir su discurso pacifista en políticas concretas que garanticen la seguridad de la población. La continuidad de la guerra, el desplazamiento forzado y la falta de atención a las causas estructurales del conflicto siguen siendo una deuda pendiente que refleja incapacidad estatal para garantizar la paz estable y duradera en los territorios. 

Finalmente, el gobierno debe asumir con seriedad y responsabilidad los compromisos adquiridos. La confianza de la población no se sostiene con “discursos vacíos”, sino con acciones concretas que reflejen un verdadero cambio. Mientras la agenda institucional continúe desarticulada de las necesidades reales del pueblo afrodescendiente, raizal y palenquero, la brecha de desigualdad y la crisis social persistirán, y con ellas, la deslegitimación de un gobierno que prometió mucho. No obstante, ha cumplido poco con esta agenda.

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