Nubia Carolina: no te vas a robar la plática de la mina de cobre

La historia de la minería en Colombia, es y ha sido la historia de la piratería. Durante décadas, grandes mafias han operado en torno a la compraventa y concesión de títulos mineros a multinacionales, la informalidad y la negación de estos a pequeños mineros.

Por: Víctor Manuel García Ayala

Las decisiones tomadas por la Autoridad Minera el Ministerio de Minas, INGEOMINAS y la Agencia Nacional de Minería han beneficiado a intereses privados, como sucedió con la mina de cobre "El Roble" en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó. En 1987, este título fue otorgado a la familia del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quienes se negaron a pagar impuestos al Chocó durante más de 20 años, amparados por la complicidad de gobiernos locales y altos funcionarios de los ministerios de Minas y Ambiente. Alegaban falta de claridad en la norma para justificar el no pago de tributos, restringiendo así derechos a los entes territoriales y negociando en términos desventajosos con privados sobre yacimientos estatales.

Ejemplos de corrupción minera abundan. Durante la alcaldía de Nilton Córdoba Manyoma (2008-2011), certificaron al municipio de Baudó -sin vocación minera- como el mayor productor de oro del país, a pesar de que el oro provenía de contrabando desde Panamá. Esta operación encubrió un esquema de lavado de activos del narcotráfico. La conexión de esta red con la política se hizo evidente cuando el número telefónico del entonces alcalde de Baudó, aliado del exrepresentante a la Cámara por el Chocó Darío Córdoba Rincón, apareció en la investigación del magistrado José Luis Barceló sobre una "chuzada" al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Córdoba Rincón falleció en un supuesto accidente aéreo sobre el río Baudó mientras, según versiones, iba a recibir fondos de Holmes Durán Ibargüen, luego extraditado a EE.UU. por lavado de activos y narcotráfico. Así de sencillo es el entramado de la explotación y comercialización del Oro en Chocó.

Recientemente, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, presidida por el exmagistrado César Palomino Cortés, intervino en representación de la Agencia Nacional de Minería en un arbitraje contra la sociedad minera El Roble S.A. Este proceso, radicado el 24 de octubre de 2022, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (Caso N.º 139448), giró en torno a la interpretación de las obligaciones tributarias del contrato de concesión N.º 9319, suscrito en 1987. Por años, la empresa y el Estado interpretaron que el pago debía hacerse bajo el concepto de "participaciones" en lugar de "regalías". Sin embargo, el laudo arbitral concluyó que debía aplicarse el Artículo 360 de la Constitución y la Ley 141 de 1994, por lo que se ordenó a la minera pagar 119 mil millones de pesos al Estado. Dichos fondos, una vez sancionado el laudo en marzo de 2025, serán distribuidos por el Ministerio de Hacienda en el marco de la Ley de regalías  en cada período vigentes en cada período, (Ley 141/94.Ley 756 d 2002, Ley1530/12 y Ley 2056 de 2020) en esta última le corresponde un 20% al departamento del Chocó y al municipio de El Carmen de Atrato, con un 5% adicional que el municipio podrá solicitar por adelantado.

El proceso salió a la luz gracias a la denuncia del ingeniero de minas Darío Cújar, quien inició en 2021, una investigación ante la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría contra la empresa canadiense Ático Mining, actual titular del contrato de concesión. Cújar evidenció que, según la cláusula 12 del contrato, si la producción anual supera las 100 mil toneladas, la Nación debe recibir el 3% del precio de venta del mineral en bruto, y cualquier alza de precios debe renegociarse en favor del ente territorial. Además, la cláusula 16 establece que el no pago de regalías constituye causal de nulidad del contrato. Sin embargo, Ático Mining, argumentó que las regalías solo aplicaban cuando la producción de concentrado (y no de mineral en bruto en boca de mina) alcanzara las 100 mil toneladas.

Ante estos hallazgos, Cújar cuestionó quién responderá por el no pago de estas regalías y por qué la Contraloría no inició un juicio fiscal, como en el caso de Cerromatoso. También denunció que Ático Mining, que controla el 90% de Minera El Roble, no está vinculada a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en Colombia. La Contraloría confirmó que la Agencia Nacional de Minería incumplió su deber funcional al no cobrar oportunamente $ 21.955 millones de pesos desde 2014, causando un detrimento patrimonial al Estado. Solo en 2021, tras la denuncia de Cújar, la Agencia Nacional de Minería inició la liquidación de la participación nacional, pero sin justificar su negligencia jurídica o administrativa.

En 2021, mediante solicitud telefónica del Secretario de Hacienda del Chocó, Cújar entregó un informe detallado sobre las irregularidades del contrato. Sin embargo, la ingratitud y mezquindad de las autoridades quedaron en evidencia al no hacerle ningún tipo de reconocimiento, pero si sacan pecho con el trabajo ajeno. Esta indignación fue reflejada en una conversación casual que escuché en una cafetería de Quibdó, donde un grupo de jóvenes exclamó indignado: "Esta vieja es una fotocopia mejorada de su papá. Mañana le vamos a gritar: Nubia Carolina Córdoba, no te vas a robar la plática de la mina de cobre del Carmen de Atrato". Espero haber sido fiel en mi transcripción de lo que oí…¡¡¡

#Chocó #NubiaCarolinaCordobaCuri #CarmenDeAtrato #MinasDeCobre #NieganDerechosMineros