La JEP imputa cargos a altos mandos del Ejército por asesinato de 604 civiles en falsos positivos

La JEP imputa cargos a altos mandos del Ejército por asesinato de 604 civiles en falsos positivos

Entre las víctimas se encuentran 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo; 26 menores de edad; y 14 mujeres, una de ellas embarazada.

 

Por: Isabel Cortés

En una decisión histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 militares retirados, incluidos tres mayores generales y dos brigadieres generales, por su responsabilidad en 604 asesinatos extrajudiciales, conocidos como "falsos positivos", en la Costa Caribe entre 2002 y 2008. Estas muertes, presentadas fraudulentamente como bajas en combate, revelan un capítulo sombrío del conflicto armado colombiano, marcado por la violencia sistemática contra civiles para inflar resultados militares. Este fallo es un avance crucial hacia la justicia, pero para las familias de las víctimas incluidos 31 indígenas, 26 niños y 14 mujeres, en la búsqueda de verdad y reparación sigue siendo una herida abierta.

Un patrón de engaño y muerte.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP examinó 796 muertes reportadas como resultados operacionales por 19 unidades militares en la Costa Caribe de Colombia, concluyendo que 604 casi el 76% fueron ejecuciones ilegales de civiles. La investigación destapó un esquema macabro: comandantes militares, presionados por mostrar resultados en la lucha contra grupos armados, orquestaron asesinatos y encubrimientos. Las víctimas eran atraídas con falsas promesas de empleo, ejecutadas y presentadas como guerrilleros para simular victorias operacionales. 

Entre los imputados están los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes dirigieron unidades como la X Brigada Blindada y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa. También figuran los brigadieres generales retirados Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez, siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, y 16 oficiales y suboficiales. La JEP determinó que estos militares propagaron la política de ejecuciones o participaron directamente en delitos como homicidio, desaparición forzada y tortura.

La investigación reveló un sistema de incentivos perverso. Los comandantes ofrecían recompensas ascensos, permisos o dinero por altos conteos de bajas, mientras que quienes no cumplían enfrentaban sanciones o despidos. Un mensaje documentado instaba: “Soldado que no dé resultados, se depura”. Esta presión se intensificó tras la desmovilización paramilitar de 2004, cuando las unidades militares recurrieron a civiles para mantener sus cifras.

Un impacto desproporcionado en los pueblos indígenas.

El costo humano es devastador. De las 604 víctimas, 31 eran indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, cuyas comunidades sufrieron un daño desproporcionado. Los asesinatos provocaron desplazamiento forzado, inseguridad alimentaria y la ruptura de lazos culturales. En estas comunidades, las mujeres son pilares de la tradición, y su pérdida como la de Yajaira Cristina Nieves Oñate, una madre Wiwa embarazada asesinada en 2006 golpeó profundamente a las generaciones futuras.

Los niños también fueron víctimas. La JEP documentó 26 casos, incluida una niña Wiwa de 16 años y dos hermanos de 13 y 15 años, atraídos con engaños y ejecutados. Estos actos violaron el Derecho Internacional Humanitario, que exige proteger a los menores. Hasta hoy, 122 víctimas siguen sin identificar, dejando a sus familias en una espera angustiosa. La JEP ha logrado identificar y entregar 14 cuerpos, un paso pequeño pero significativo hacia la dignidad.

Un sistema macrocriminal.

La JEP calificó los asesinatos como parte de un “patrón macrocriminal” sustentado en tres pilares: presión implacable por resultados, recompensas por cumplir y encubrimiento sistemático. Las unidades militares trabajaban con reclutadores civiles para captar personas vulnerables, como jóvenes desempleados o en pobreza. En un caso emblemático, 11 jóvenes de Tolú Viejo, Sucre, fueron engañados en 2007 con promesas de trabajo en fincas, solo para ser asesinados y reportados como insurgentes por el Gaula Córdoba.

Los encubrimientos eran sofisticados. Las escenas se manipulaban con armas plantadas, y las denuncias se desestimaban como “guerra jurídica” de grupos subversivos. Esto garantizó impunidad, permitiendo que las ejecuciones se extendieran por siete departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Estos hallazgos se enmarcan en un contexto más amplio del conflicto colombiano. Entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la JEP estima que hubo 6.402 falsos positivos a nivel nacional. El caso de la Costa Caribe forma parte del Caso 03, que investiga estas ejecuciones en varias regiones. Hasta ahora, más de 100 oficiales han sido imputados, con 92 aceptando responsabilidad.

Un llamado global a la justicia.

Los falsos positivos de Colombia son un recordatorio de cómo las políticas estatales pueden derivar en atrocidades. El trabajo de la JEP ofrece un modelo de justicia transicional, equilibrando rendición de cuentas con esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, persisten desafíos: víctimas sin identificar, amenazas a sobrevivientes y a quienes denuncian y resistencias políticas al proceso de paz.

A nivel global, este caso resuena en debates sobre la responsabilidad militar, desde Ucrania hasta Myanmar. Subraya la urgencia de mecanismos robustos para proteger a los civiles en conflictos. Mientras Colombia enfrenta su pasado, el mundo debe amplificar la voz de las víctimas.