Acuerdos y silencios en la mina El Roble del Carmen del Atrato

Acuerdos y silencios en la  mina El Roble del Carmen del Atrato 

En la audiencia pública del 29 de marzo en El Carmen de Atrato, donde se socializaron los acuerdos entre la Agencia Nacional Minera (ANM) y la empresa Minera El Roble S.A., reapareció con fuerza la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curí. Lo hizo con un discurso encendido contra los medios de comunicación, exigiendo “verdad” y condenando supuestas “mentiras por intereses mezquinos”. Paradójicamente, lo que deslegitimó su intervención no fue la prensa, sino la propia comunidad, que ratificó con hechos las denuncias publicadas por estos medios: Chocó 7 Días de Darío Cújar, El Espectador y terceraRAÍZTV.com.

Por: Víctor Manuel García Ayala

Después de año y medio de conversaciones, Minera S.A. solicitó acogerse al derecho de preferencia estipulado en el artículo 78 del Decreto 2477 de 1986 y en la Resolución 1006 de 2003 sobre minerales estratégicos, para renovar su contrato por 30 años más. Esta renovación está sujeta a la confirmación del Laudo Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. Una vez firmado el nuevo contrato, la empresa tendrá 30 días para presentar ante la ANM su Plan de Trabajo y Obra, el cual será objeto de fiscalización. También deberá obtener la Licencia Ambiental, comprometerse con medidas de mitigación, compensación y reparación, y presentar un Plan de Gestión Social que incluya verdaderamente a la comunidad para decidir, junto con la autoridad local, cómo se orientará el 67% de los 1.600 millones de pesos comprometidos en inversión social.

La empresa está obligada, además, a revertir al Estado 1.765 bienes activos, incluyendo equipos y campamentos, o en su defecto arrendarlos o adquirirlos tras un peritaje que establezca el canon correspondiente, conforme a la cláusula 19 del contrato, cuya valoración deberá ser certificada por la UPME antes de cualquier nueva firma.

El acuerdo también contempla contraprestaciones adicionales a las regalías, mediante un anexo técnico que establece que si se descubren minerales distintos a los pactados (cobre, oro, plata) y su valor en el mercado internacional aumenta, el Estado participará en las nuevas utilidades generadas. A esto se suma el compromiso de Minera S.A. de pagar 119 mil millones de pesos por embarques realizados entre 1994 y 2024, de los cuales ya se han abonado 50 mil. La ANM informó que el 20% de las regalías será destinado a la Alcaldía y Gobernación del Chocó, con un 5% adicional exclusivamente para el municipio como productor del metal. Estos recursos provienen del 5% sobre el valor del cobre y del 4% sobre oro y plata.

Los fundamentos jurídicos de estos acuerdos están sustentados en la investigación sobre conflictividad minero-energética en el Alto Atrato, financiada por el IIAP, y en las reclamaciones presentadas en 2021 por el ingeniero Darío Cújar ante las IAS. La ANM y la Agencia Jurídica del Estado, notificadas por la Contraloría, retomaron el caso a partir de esa denuncia, lo que también motivó a la representante a la Cámara, Astrid Sánchez, a citar a un debate de control político en la Comisión Segunda. A pesar de la convocatoria, ninguna de las instituciones citadas, incluida la Gobernación del Chocó, asistió. Por iniciativa de Sánchez, se creó este año una Comisión Especial de Seguimiento y Control a los acuerdos firmados.

Sin embargo, la comunidad expresó su descontento. El presidente del Sindicato Minero del Carmen de Atrato, acompañado por seis organizaciones sociales, denunció que los acuerdos fueron pactados sin concertación real con la comunidad. Se violaron los porcentajes establecidos por el artículo 254 del Código de Minas sobre remuneración salarial para trabajadores nacionales frente a los extranjeros. La tercerización laboral es una constante: no hay 1.500 trabajadores directos como se ha dicho, sino 500 contratados directamente y 1.000 tercerizados, según verificación del Ministerio del Trabajo.

Además, se solicitó a la ANM cumplir la Resolución 1099 de 2023 y convocar una audiencia pública laboral, como exige la Sentencia T-361 de 2017, para que los trabajadores puedan deliberar de forma clara, amplia y eficaz. Sin embargo, no tuvo éxito. Ramón Cartagena, de la Mesa Social y Ambiental, y Javier Arrieta, delegado de los pueblos indígenas, exigieron una nueva audiencia con la participación de las 32 comunidades o pueblos indígenas del territorio. Denunciaron amenazas, daños ambientales, contaminación del río Atrato y la desaparición de peces en la vereda El 7, hechos que hasta ahora han sido ignorados.

Pero ni la ANM ni la Gobernadora parecieron interesados en escuchar. Mientras se concentraban en firmar el nuevo contrato y en alentar al alcalde a cobrar las regalías para ejecutar obras municipales, surgió un nuevo reclamo. El alcalde pidió que el 20% de regalías se elevara al 40%, lo que provocó una respuesta tan honesta como punzante por parte de un líder indígena: “Alcalde, la plática es poquita, pero si no se la roban en politiquería, puede alcanzar hasta para nosotros”.

Una voz desde el fondo remató con ironía: “¿Será que Puntillo no sabe que ya salió la sentencia por el robo de la EPS con la farmacia de la 20, en Quibdó?”

El oro de El Roble brilla, pero su reflejo no alcanza a cubrir las sombras del silencio, el abuso y la exclusión. La comunidad no pide limosnas: exige respeto, transparencia y participación real. Porque si de verdad se busca justicia minera, no basta con firmar contratos. Hay que escuchar al territorio.