Repensar la étnoeducación

En Colombia, la figura del étnoeducador desempeña un papel clave en la preservación, fortalecimiento y transmisión del conocimiento ancestral, las lenguas originarias y las prácticas culturales propias de los pueblos indígenas, afrocolombianos y raizales. A pesar de su vital importancia en la construcción de una educación diversa, los étnoeducadores enfrentan múltiples riesgos y desafíos que amenazan su labor, su integridad y la continuidad de sus procesos educativos y políticos. Desde la precarización laboral, el desconocimiento de los tratados internacionales suscritos, de hecho, ratificados por este país, sumado a  la falta de voluntad política en su implementación socavan la formulación de las políticas públicas educativas y por ende, en las laborales.  

Por: Jefferson Montaño Palacio

El reciente proyecto de ley que fue radicado esta semana en el Congreso de la República, el cual busca establecer un marco normativo especial para reconocer la identidad cultural del pueblo afrocolombiano en el ámbito educativo representa, en principio, un avance importante para fortalecer el respeto de la diversidad en el país. Esta iniciativa, que nace a raíz de los mandatos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado cuya Sentencia T-531 de 2020, pone en evidencia la necesidad urgente de adoptar los procesos educativos étnicos a las realidades y necesidades de educación nacional, toda, desde las visiones de los pueblos afrocolombianos.

A través de la creación de un régimen especial para los etnoeducadores, la propuesta pretende ofrecer respuestas más precisas a los desafíos que enfrentan los docentes en contextos rurales, étnicos y culturales específicos. Sin embargo, como sucede con todo proyecto ambicioso, también existen desafíos y áreas a mejorar las cuales merecen una reflexión crítica.

El primer aspecto positivo que podemos destacar de este proyecto de ley es que pone en el centro del debate la necesidad de reconocer la identidad cultural de los pueblos afrocolombianos. A lo largo de la historia de Colombia, los pueblos afrodescendientes han sido sistemáticamente invisibilizados, lo que se ha traducido en una escasa representación en los programas educativos y en la falta de adaptaciones pedagógicas que respondan a sus particularidades. Reconocer esta identidad no solo es un acto de justicia social e histórica, sino también una forma de enriquecer el sistema educativo, que se beneficia enormemente, en concordancia con lo que emana el artículo 7 de la vigente constitución de 1991, donde se reconoce que Colombia es un país diverso, con una variedad de culturas, lenguas y tradiciones, y que esta diversidad debe ser protegida y valorada.

No obstante, aunque el reconocimiento es un primer paso importante, este marco normativo aún deja muchas preguntas abiertas en cuanto a su implementación efectiva de cara a las problemáticas, necesidades, retos y desafíos que enfrentan los territorios poblados por las poblaciones étnicas de Colombia; entonces, si no se tienen en cuenta estas variables  ¿Cómo se garantizará que los programas de formación docente sean realmente inclusivos y culturalmente pertinentes? Por otra parte, si las instituciones o planteles educativos de modalidad étno-educativa aún no hacen transido del Proyecto Educativo Institucional (PEI) hacia un real Proyecto Educativo Comunitario (PEC) que reconozca los sistemas de conocimientos propios de estos pueblos  ¿De qué manera se medirá la eficacia de este enfoque en el aula? Pues, la creación de un régimen especial para los etnoeducadores, aunque necesaria, podría caer en el peligro de convertirse en un acto simbólico si no se acompaña de acciones concretas, con la participación de pares académicos y recursos que aseguren la transformación real de la educación en estos contextos.

Desafíos en la profesionalización docente.

Uno de los puntos más importantes que aborda el proyecto es la adaptación de los procesos de profesionalización docente a las necesidades específicas de los docentes afrocolombianos y los estudiantes que pertenecen a estos pueblos. La figura del etnoeducador no es nueva, pero la propuesta busca dotarla de una base normativa que permita a estos docentes acceder a una formación continua que reconozca tanto su contexto cultural como las particularidades de los pueblos étnicos en las que trabajan.

De esta manera, aquí surge uno de los grandes interrogantes: ¿Están preparados los sistemas educativos para implementar estos cambios? Para que esta profesionalización sea efectiva, los programas de formación deben estar diseñados y adaptados no sólo en términos de contenido, sino también en términos de la metodología y la pedagogía conceptual en el marco del derecho propio. La historia data que, en muchos casos, los docentes que han trabajado en comunidades afrocolombianas no han recibido una formación suficiente que les permita atender las realidades sociales, económicas y familiares, de estos estudiantes, lo que se refleja en bajas tasas de permanencia escolar, dificultad en el acceso a la educación superior y, en muchos casos, deserción escolar. Es fundamental que los programas de formación docente no solo se adapten a los contenidos culturales, sino también a las formas particulares de aprendizaje que existen en los pueblos afrocolombianos.

La consulta previa: un paso hacia la justicia, pero con omisiones.

El hecho de que el proyecto de ley surja como respuesta a los mandatos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado mediante la Sentencia T-531 de 2020, resalta la importancia de la consulta previa libre e informada en la creación de políticas públicas que afecten a los pueblos étnicos. La consulta previa, como derecho fundamental de los pueblos indígenas y afrocolombianos, busca garantizar que estos grupos sean consultados y tengan una participación en la creación de normas que impactan su vida y cultura. Sin embargo, aunque este principio es un paso positivo hacia la justicia social, la implementación de la consulta sigue siendo un terreno problemático en Colombia. En ocasiones, los procesos de consulta son superficiales o se realizan de manera apresurada, sin un verdadero compromiso con la voluntad de la comunidad-pueblos étnicos.

Así, aunque la consulta previa se menciona como un principio fundamental en este proyecto de ley, es necesario que no se reduzca a un simple procedimiento burocrático. Los pueblos afrocolombianos deben ejercer su derecho a decidir y participar activamente en la construcción de los marcos normativos que afectan a sus territorios, su educación y su futuro.

Finalmente, este proyecto ley tiene el potencial de ser una herramienta clave para avanzar desde el autorreconocimiento de la cultura afrocolombiana en el sistema educativo. Por lo tanto, aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a su implementación efectiva. En ese contexto, la creación de un marco normativo es solo el primer paso; lo que verdaderamente hará la diferencia es el compromiso político, social y económico de garantizar que los cambios no se queden en papel. Por ello, es vital que se asignen los recursos necesarios, se capaciten a los docentes de manera efectiva, crítica y se respete el derecho a la consulta previa del pueblo afrocolombiano en todo el proceso.

Solo a través de un enfoque integral y genuino, que incluya la participación de los pueblos afrocolombianos en todas las etapas de su implementación, podremos avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente poderoso y respetuoso de las diversas identidades culturales que existen en nuestro país.